
Con la premisa de que sea un primer paso para "registrar su interés" por regularizar su situación en el país, el Gobierno pretende de esta forma evitar que el día en que el Brexit sea una realidad se produzca una avalancha de peticiones inabarcable para las instituciones británicas.
Lo que para el Ejecutivo es una forma de estimar el número de solicitantes no es sino un motivo más de desconfianza para los alrededor de tres millones de ciudadanos europeos que se calcula que viven actualmente en Reino Unido.
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